Mafalda Barreto sobre el clima económico adverso y la incertidumbre que afecta a los inversores en Portugal | Negócios

La reformulación de las cuentas anuales solo cabe en supuestos excepcionales, por riesgos que afecten de forma muy significativa a la imagen fiel, y siempre que estos hechos fueran conocidos entre la formulación y la aprobación definitiva de las cuentas anuales. Es nulo el acuerdo de aprobación de cuentas anuales cuando estas no muestran la imagen fiel del patrimonio social.

La aplicación del artículo 31.1 del RPI bis, que libera al tercero de buena de que pagó al deudor insolvente en lugar de al administrador concursal, no opera de manera automática, sino que depende de lo previsto en la ley rectora del concurso.

La nueva Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario contiene novedosas regulaciones en materia de cadena alimentaria junto a múltiples reformas legales (complementarias o no).

Ante la ausencia de regulación transitoria específica para el artículo 231 bis caben dos opciones: o bien recurrir analógicamente a la solución transitoria para el nuevo artículo 529 novedecies y, por tanto, aplicar el artículo 231 bis a todo supuesto de hecho vivo o devengado a los dos meses de la entrada en vigor de la Ley 5/2021, o bien prescindir de la analogía y recurrir simplemente al derecho transitorio común aplicable a situaciones jurídicas del tipo de las relaciones duraderas derivadas de un contrato de sociedad.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de abril.

Analizamos el principio de regularización íntegra y los límites que frente a él invoca la Administración a la luz de la doctrina más reciente del Tribunal Supremo y de los recursos de casación pendientes de resolución.

La Ley 1/2025 exige como requisito de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil que se acuda previamente a algún medio adecuado de solución de controversias. Esta condición se exige también en los conflictos transfronterizos. La delimitación de qué se entiende por tales y la referencia a que, a falta de sumisión, la norma se aplica cuando al menos una de las partes tenga su domicilio en España y la actividad negociadora se realice en territorio español, conduce a consecuencias indeseables que deberán ser superadas por la jurisprudencia.

Se da noticia de la no transposición en el plazo legalmente previsto de la Directiva delegada que actualiza los criterios de clasificación por tamaño de las microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas o grupos.

El Tribunal Supremo interpreta el artículo 69 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades para determinar si procede o no el abono de intereses de demora sobre el importe derivado de la solicitud de devolución por conversión de los activos por impuestos diferidos (DTAs) como crédito exigible frente a la Hacienda pública.