GA_P asesora al Grupo Indigo en la adquisición de uno de los principales aparcamientos de Zaragoza

El riesgo de incapacidad absoluta y permanente recogido en el boletín de adhesión abarca la incapacidad para todo trabajo (cualquier trabajo), no únicamente para el que el asegurado venga desempeñando habitualmente; no se refiere, por tanto, a la incapacidad permanente total.

El Tribunal Supremo lo afirma con diversos fundamentos, pero fundamentalmente por la transmisión de la legitimación que se produce con la enajenación de la cosa

El Tribunal Supremo (Sentencia 824/2026, de 29 de mayo) confirmó la declaración de nulidad de un acuerdo social de ejercer la acción social de responsabilidad al apreciar que éste había sido impuesto de manera abusiva por la mayoría por no responder a una necesidad razonable de la sociedad y por haber sido adoptado por la mayoría en su propio interés y en detrimento injustificado de la minoría.

En sentencia de 2 de junio del 2026, el Tribunal Supremo analiza los términos del recurso de casación frente a los autos dictados en ejecución de sentencia y concluye que, en el caso en cuestión, la Administración fue más allá de lo que el fallo habilitaba expresamente, habida cuenta de que éste había anulado la ponencia de valores y el valor catastral notificado acordando la retroacción, pero guardaba silencio acerca de la retroactividad. El tribunal determina que el artículo 39.3 de la Ley 39/2015 regula una potestad administrativa que es en todo caso inidónea para apartarse del fallo judicial. Y, en cuanto al fondo de la pretendida retroactividad, determina que dicho precepto es una norma general que no puede prevalecer frente a la específica normativa tributaria y catastral que impone la irretroactividad de los valores catastrales notificados.

La DGT analiza si cabe aplicar la exención prevista en el artículo 21.3 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, sobre la parte contingente del precio de venta de participaciones cuando esta se devengue en un ejercicio posterior al de la transmisión.

El Tribunal Supremo vuelve a cuestionar que la Administración pueda recalificar directamente como reducción de capital con devolución de aportaciones una operación de adquisición en autocartera seguida de amortización, debiendo tramitar necesariamente a esos efectos el procedimiento de declaración de conflicto en la aplicación de la norma tributaria establecido en el artículo 15 de la Ley General Tributaria.

Lo que comporta una extensión de su legitimación procesal para demandar a agentes de la edificación conforme a la LOE

El TJUE continúa con esta sentencia la «saga» iniciada en el asunto Gourdain (C-133/78) y destinada a delimitar el concepto de «materia concursal» a efectos de la determinación de la competencia judicial internacional.

Mediante el Auto número 30/2026, de 26 de mayo, el Pleno del Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6933-2025, planteada en relación con el artículo 3.2.7 del Real Decreto Ley 3/2016. Dicho precepto modificó el artículo 21.6 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, para establecer la no integración en la base imponible de determinadas rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones en entidades. Al tratarse de una decisión de inadmisión, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el fondo de las dudas de constitucionalidad suscitadas, lo que deja abierta la puerta a que la cuestión pueda volver a plantearse en futuros procedimientos.