Gómez-Acebo & Pombo refuerza su posición en M&A en el sector energético

La Audiencia Nacional, en su Sentencia 467/2026, declara que las sanciones no tributarias impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos no devengan intereses de demora mientras su ejecución esté suspendida cautelarmente en la vía judicial. A diferencia de lo que ocurre con las sanciones tributarias (para las que la Ley General Tributaria prevé expresamente ese devengo), fuera de ese ámbito ningún precepto lo establece, y exigirlo restringiría la eficacia de la tutela cautelar. Además, conforme al Tribunal Supremo, la liquidación de esos intereses puede recurrirse directamente en la vía contencioso-administrativa, sin reclamación económico-administrativa previa.

El régimen europeo de los productos sanitarios no establece una autorización administrativa previa de comercialización, sino un sistema de evaluación de la conformidad y marcado CE. Sobre esta base, la Audiencia Nacional descarta la responsabilidad patrimonial de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por los daños ocasionados por un producto defectuoso al considerar que la agencia actuó diligentemente cuando tuvo conocimiento de los incidentes. La resolución plantea cuáles son los límites de las funciones administrativas de control y qué requisitos deben concurrir para apreciar una culpa in vigilando.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite denegar la exención de retención sobre dividendos cuando forman parte de una cadena de operaciones abusivas, aunque la sociedad matriz que los percibe lleve a cabo una actividad económica real y sea su beneficiaria efectiva. La existencia de una estructura abusiva puede apreciarse atendiendo a operaciones realizadas en otros Estados miembros durante un periodo prolongado y no exige que la filial que distribuye el dividendo conozca el abuso, siempre que se acredite el elemento subjetivo en alguno de sus participantes.

Analizamos la evolución del criterio administrativo sobre la aplicación en ejercicios posteriores de las deducciones no consignadas en el período de su generación, advirtiendo de los cambios experimentados al respecto por la doctrina de la Dirección General de Tributos y del Tribunal Económico-Administrativo Central, así como de las cuestiones que este tema suscita desde la perspectiva de la seguridad jurídica y la confianza legítima de los contribuyentes.

Es suficiente con que exista una conexión relevante entre los hechos denunciados en una y otra jurisdicción y los efectos interruptivos de la prescripción civil también se producen respecto de personas diferentes a las encausadas en el proceso penal.

En la Sentencia 1469/2026, de 22 de septiembre, el Tribunal Supremo afirma, contundentemente, que el artículo 34 de la Ley Hipotecaria (tercero registral protegido) purga la hipoteca incursa en la prohibición de asistencia, Pero la respuesta correcta es la contraria, aunque la asistencia prohibida no sea una “causa que conste en el Registro”.

El Tribunal Supremo vuelve a perfilar su doctrina sobre cuándo pueden rescindirse estos pagos por perjuicio para la masa activa del concurso

Se ofrecen una selección de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector.